La última gran batalla judicial entre los consumidores y la banca en los Tribunales se librará en el número de 12 de la Gran vía madrileña, donde el antiguo Registro de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos pasará a mejor vida para albergar el “Juzgado 101 Bis” encargado de juzgar las clausulas abusivas presentes en miles de Hipotecas.
El colapso previsto en el juzgado encargado anteriormente de las clausulas suelo, anticipó la puesta en marcha de este nuevo tribunal de primera instancia, que se incorporará a los otros 54 que también han abierto, al unísono, sus puertas. Todo ello gestionado por un juez en prácticas recién salido de la escuela de formación de Barcelona, dos letrados judiciales y diez funcionarios interinos.
La comisión tiene la función de recabar y evaluar toda la información entregada por el Banco de España, obtenida a su vez de las entidades de crédito. Las entidades en sí, deben remitir el número de solicitudes presentadas, indicando cuáles de ellas han terminado con un acuerdo entre partes y las que por el contrario no lo han conseguido, así como los motivos por los que la petición fue rechazada; el importe correspondiente a las solicitudes presentadas; el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución que hayan ofrecido a los consumidores; y el sistema que haya implantado cada entidad de crédito para garantizar la comunicación previa a los afectados.
Los primeros desacuerdos han venido de las organizaciones de consumidores y usuarios que ven, no obstante, grandes déficits en la creación de la comisión que califican de “simple quimera” y de “absurda”.
Es cierto que el retraso en la creación de la comisión provocó que muchas de las primeras denuncias no tuvieran cobertura legal ni a quién poder reclamar, pero lo cierto es que tras un exhaustivo estudio el gobierno ha proporcionado un entramado judicial para dar solución a cada una de las replicas por parte de los consumidores.
Los puntos negativos los encontramos en la dilatación de los tiempos requeridos para dar solución a cada uno de los casos, ya que esta comisión nace colapsada desde el comienzo, puesto que que se esperan cerca de 80.000 demandas sobre cláusulas abusivas, según los cálculos entregados por CSIF.
Si hacemos un pequeño calculo, debería existir un juzgado por cada 1.000 demandas. Es decir, solamente en la Comunidad de Madrid debería haber 80 juzgados especializados en el tema de las cláusulas abusivas, otro gran número de jueces y cerca de 1.000 funcionarios.
No se descarta, visto la situación y el gran número de demandas, que el gobierno refuerce los juzgados con un mayor número de profesionales. Todo dependerá de si el plan establecido en la revisión mensual de la carga de trabajo junto al Ministerio del Interior y las Comunidades Autónomas se lleva a cabo.
Lo que es seguro es que todo ello supondrá una buena oportunidad para demostrar la capacidad de la Carrera Judicial en relación con la seguridad jurídica de la ley ante los ciudadanos.
La Clau Group
